Las fuertes lluvias caídas
sobre la ciudad de Buenos Aires y sus zonas aledañas han provocado una
verdadera catástrofe con costo de vidas humanas, pérdidas materiales inmensas,
interrupción de servicios indispensables como la luz eléctrica, alteración de las
comunicaciones y del transporte que afectan a decenas de miles de personas.
Este escenario de verdadero caos es el resultado de la falta de planificación y
coordinación de los problemas urbanos por parte de las jurisdicciones
responsables.
En 1984, hace 29 años, los gobiernos de la provincia y de la
ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio que creaba una entidad conjunta, el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a la que adhirió la Nación por
decreto del Poder Ejecutivo.
De este modo, las tres jurisdicciones comenzaron un trabajo
coordinado para la realización del diagnóstico y la elaboración de proyectos y
ejecución de las obras necesarias para un tratamiento integral de los
problemas, entre los cuales la cuestión hídrica tenía un lugar destacado.
Entre otras, se pusieron en marcha las obras de sistematización
de la cuenca del río Reconquista en una superficie total de 1700 km2,
orientadas a resolver los problemas de una población de 500.000 habitantes del
área anegada en las inundaciones de 1985. Se avanzó en el diagnóstico, y un
equipo técnico específico, integrado por científicos destacados, estaba abocado
al estudio del régimen hídrico de las cuencas involucradas.
El cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires, en 1987,
significó el desentendimiento del proyecto y la desintegración de los grupos de
trabajo (que fueron enviados a casa), lo que culminó con el abandono total por
parte de las otras dos jurisdicciones involucradas, la Ciudad y la Nación, con
el acceso del nuevo gobierno, en 1989. El AMBA había muerto.
Hoy, un cuarto de siglo después, las tres jurisdicciones no sólo
se han desentendido del problema en su verdadera y grave significación, sin
haber casi realizado obras de ningún tipo.
Más aún, se encuentran enfrentadas por mezquinas cuestiones
políticas: el gobierno nacional, totalmente ausente, enfrentado con los
gobiernos provincial y de la ciudad, negándoles los recursos que les debe y los
avales para la obtención de los créditos que se necesitan para el
financiamiento de las obras, y los gobernadores de ambos distritos, sin poder
acordar ninguna política conjunta, como lo muestra claramente su enfrentamiento
por el tratamiento de los residuos urbanos en el área metropolitana.
La falta de realización de las obras necesarias ha configurado
el marco carenciado en el que esta tormenta excepcional produjo los gravísimos
daños sufridos. Se hubieran mitigado sus efectos si se hubiera hecho lo que se
debía y lo que hoy, a través de esta desgracia, todo el mundo advierte. Hoy nos
preguntamos hasta cuándo habrá que esperar para actuar con responsabilidad y
racionalidad. Ya se ha sacrificado el bienestar de una generación de ciudadanos
que merecen vivir mejor..
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